VISITA COMISIÒN ASUNTOS LABORALES

VERSIÓN TAQUIGRAFICA VISITA COMISIÒN ASUNTOS LABORALES

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Es la hora 15 y 5 minutos)

- La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado da comienzo a esta sesión de un modo especial porque, como verán, estoy solo en representación de la Comisión. Aunque el horario de comienzo estaba fijado, los compañeros todavía no han arribado, pero seguramente lo harán en los próximos minutos. Adelantamos, además, que tenemos otro compromiso previamente asumido y, por lo tanto, para no perder tiempo y dado que habrá versión taquigráfica, damos comienzo a la audiencia para recibir el planteo, a pesar de la menguada representación de la Comisión.

Por lo tanto, recibimos a los integrantes de la delegación de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y les cedemos la palabra.

SEÑOR MORALES.- Mi nombre es Héctor Morales y soy el Secretario General de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.

            En primer lugar, queremos expresar nuestra preocupación y nuestra desilusión por la ausencia de otros Legisladores de otros Partidos Políticos, pero estamos acostumbrados. Hace largos años que venimos aquí y parecería que el tema de los viejos uruguayos nos les preocupa a todos por igual. En fin; reiteramos al señor Presidente que no es la primera vez que venimos; ya tenemos larga experiencia en este tipo de instancias parlamentarias. Hemos concurrido en algunas Legislaturas anteriores, fuimos escuchados y logramos conquistas, pero en la última, desgraciadamente, vinimos muchas veces y se nos recibió por una cuestión de protocolo, para atendernos y dejar que nos desahogáramos, pero después que salimos de aquí no pasó absolutamente nada.

            Tenemos una serie de temas para plantear y vamos a tratar de hacerlo de la forma más rápida y sintética posible. Queremos decirles que no es verdad -y no estamos de acuerdo con esa afirmación- que la calidad de vida de los jubilados y pensionistas, de los viejos uruguayos, haya mejorado, sino todo lo contrario. Vivimos en un país con una canasta básica familiar de $ 42.000 y, como contrapartida, las mujeres y los hombres uruguayos que trabajaron toda una vida, que dejaron los mejores años de sus vidas en el país a través de su trabajo y que enriquecieron a patrones públicos y privados, a gobernantes de los anteriores y a algunos de los actuales, tienen un promedio jubilatorio de      $ 4.500. Quiero recordarles que en el mar de los promedios se ahogan los más chiquitos: tenemos miles y miles de jubilaciones de $ 3.000 y de $ 3.200 y, el que saca $ 5.000, tira cohetes de contento. Además, las tasas de reemplazo son miserables; se nos dice que han mejorado en los últimos años, pero vamos a demostrar que eso no es verdad. Ponemos el ejemplo del año pasado: tuvimos un ajuste jubilatorio del 12%, que no es a cuenta de la inflación que viene, sino de la que ya fue ‑más allá de que se fija en base al Índice Medio de Salarios que, es verdad, es más alto que la inflación- con lo que recuperamos algo más de cuatro puntos en el mes de enero.

Ya hoy, a esta altura del mes de mayo, ese más del 4% anda en un 1%, aunque no me atrevo a asegurar que llegue a esa cifra. Seguramente, en los próximos meses se va a perder y otra vez tendremos que ir corriendo la liebre hasta enero del año próximo, en que habrá otro ajuste jubilatorio. Para la gente de nuestra edad, el hecho de perder poder adquisitivo significa alimentarse menos, abrigarse menos, atender menos la salud, atender menos el confort de la casa, tener menos esparcimiento -al que tenemos derecho- es decir, disminuir sensiblemente nuestra calidad de vida. Se nos dice que es un largo proceso y que en cinco años no se puede hacer mucho.

            Queremos recordarles que integramos un sector de la sociedad de nuestro país que lo que menos tiene es tiempo para esperar; quizás algún otro sector más joven de la sociedad lo tenga, pero para nosotros es hoy o nunca. Casi todos los lunes, cuando nos reunimos en nuestra Coordinadora, hacemos un minuto de silencio por los compañeros que se nos van. ¡Cuántos de los que no están organizados se mueren, de repente antes de lo que deberían, porque no satisfacen correctamente sus necesidades alimentarias o médicas y pasan un montón de privaciones a las que estamos condenados los viejos uruguayos!

            Nosotros no venimos a reclamar un aumento del 6% para la franja de     $ 3.000 a $ 6.000, porque eso sería una burla. ¡Eso es una burla! Serían $ 360. ¿Qué puede hacer un viejo con $ 360 de aumento diferencial? No es verdad que gastamos menos porque no vamos a trabajar, porque no pagamos boleto y porque no nos compramos ropa, sino todo lo contrario. Por razones biológicas, la edad viene acompañada de “nanas”. Si no fuera trágico, nos podríamos reír muchísimo cuando vamos al médico y nos dice que, como tenemos la glicemia alta, debemos seguir un tratamiento alimentario sustituyendo determinados alimentos por otros mucho más caros que los que consumimos. Lo mismo sucede con quienes sufren de hipertensión arterial y otras enfermedades propias de la edad. Reitero que, si no fuera trágico, sería cómico el hecho de que un médico nos indicara que tenemos que consumir alimentos que no podemos comprar.

            Estamos solicitando que se corrija esa aberración humana de que la gente gane $ 3.000 o $ 3.200 en un país en el que la canasta básica familiar supera los $ 42.000, y esto no lo decimos nosotros, sino un organismo oficial, como el Instituto Nacional de Estadística. Simplemente estamos pidiendo la cuarta parte de jubilación mínima, o sea, $ 10.000. Si no hablamos de esa cifra mínima, no hablamos de nada. Repito: es una burla, una falta de respeto hacia los viejos de este país que se diga que vamos a pedir $ 360 de aumento. Estamos pidiendo una jubilación mínima de $ 10.000, porque dinero hay. Este país es inmensamente rico y gasta dinero en cosas que quizás no sean tan justas como el reclamo que estamos haciendo nosotros.

            La seguridad social de los uruguayos ha venido deteriorándose y ahora se cae a pedazos. En este país una jubilación común requiere treinta y cinco años registrados y aportados de trabajo; es uno de los pocos países en el mundo donde se precisan tantos años de trabajo para poder jubilarse y, además, las tasas de reemplazo son miserables en la inmensa mayoría de los casos.

            El año pasado vinieron dos funcionarios del Fondo Monetario Internacional ‑¡oh, Fondo Monetario Internacional que vituperamos durante tantos años!- porque ese organismo entendía que Uruguay gastaba mucho en seguridad social y había que abaratar las jubilaciones. No encontraron mejor manera de hacerlo que proponer al Gobierno -al respecto, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que fue aprobado- la sanción de una ley de flexibilización de las jubilaciones que fijaba pasividades mucho más miserables que las comunes. Cabe destacar que la jubilación común toma como base el 50% o el 51% del promedio de los últimos diez o los mejores veinte años, pero en este caso se trata del 45% del promedio de los últimos diez años o los mejores veinte. Sin embargo, no se contentan con eso y para el Fondo Monetario Internacional seguimos gastando mucho en seguridad social. Es más, algunos estudiosos de la seguridad social -que lamentablemente no estudian para mejorar la calidad de vida de los destinatarios de ese derecho humano fundamental- tienen en su poder un proyecto sueco para pagar jubilaciones a la gente aunque no haya aportado, para después poder decir que todos están jubilados. Si con treinta o treinta y cinco años tenemos esta realidad miserable, ¿qué se puede pretender con cinco o diez años de trabajo o con ninguno de aporte?

            Nuestra organización rechaza categóricamente la flexibilización; decimos que la gente debe jubilarse con treinta años de trabajo, tal como sucedía antes, debe tener jubilaciones decorosas y tasas de reemplazo que satisfagan, por los menos, sus necesidades básicas. Hoy, en una radio se preguntaban si el hecho de tener una jubilación baja se debía a que los trabajadores habían aportado muy poco. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, estableció que la seguridad social debería alcanzar, por lo menos, para satisfacer las necesidades básicas de la gente, lo que en el Uruguay nunca se cumplió. La dictadura, que fue contra los trabajadores por sobre todas las cosas, les robó mucho; por ejemplo, robó las leyes especiales de jubilación, como la de insalubridad, que luego la democracia nunca les devolvió. También nos robó el aguinaldo, para el cual aportamos durante toda nuestra vida laboral por el decimotercer mes de sueldo. Sin embargo, se nos miente y se nos dice que cuando se liquida la jubilación, se toma en cuenta el aguinaldo. Es una burla grotesca y una falta de respeto decirle esto a la gente. Todos los jubilados en el país, ya sean militares, profesionales o bancarios, cobran aguinaldo; los únicos que no lo percibimos somos los “beneficiarios” -entre comillas- del Banco de Previsión Social. Pedimos igualdad y queremos ampararnos al artículo 8º de nuestra Constitución.

            Otra conquista que data de los años sesenta es la prima por edad. En aquellos años, con Paulino González a la cabeza, los jubilados buscaban rescatar un viejo valor cultural de la humanidad: el respeto de la sociedad por sus viejos, que proviene de los tiempos de las cavernas, donde el viejo era el centro de cariño, de atención y de respeto en la tribu. En el Uruguay ese valor cultural se había perdido, por lo que los jubilados de aquella época buscaron fórmulas y como no había pergaminos y las medallas no iban a alcanzar, se fijó una cantidad simbólica de dinero para reconocer a aquella mujer, a aquel hombre que había trabajado toda una vida, se había jubilado y había llegado a los setenta años de edad. Esto se cumplió hasta que también la dictadura fascista que asoló nuestro país conculcó ese derecho a los viejos trabajadores, a los jubilados. La democracia no nos devolvió esa conquista de los años sesenta, ya sea en tiempos del Partido Colorado como del Partido Nacional. Recién la devuelve el Gobierno del doctor Tabaré Vázquez pero, ¡qué devolución! Nos devuelven esa conquista mercantilizada porque le pusieron topes, y recordemos que esto no tenía carácter económico. En el espíritu del Legislador de los años sesenta esto no tenía carácter económico; inclusive, las sumas eran ridículas, porque creo que ahora ascienden a $ 1.099 para el que cobra la totalidad, porque también se cobra en partes, como fruto de esa ley que se votó en la Legislatura pasada. Además, esta conquista se nos devuelve prostituida, porque se toman en cuenta los ingresos del núcleo familiar, es decir que el viejo que gana más de tres bases de prestaciones o aquel en cuyo núcleo familiar se percibe más que eso, no  cobra prima por edad. Están los que la cobraban de antes y todavía viven. Los que tienen entre setenta y setenta y nueve años se van a juntar con el total del monto de la prima por edad dentro de cinco años -quizás, cuando ya no estén en este mundo- y lo que sí es grotesco es que los mayores de ochenta lo van a hacer dentro de tres años. Nosotros reclamamos la prima por edad sin topes y sin que nada tenga que ver el núcleo familiar; queremos recuperarla como valor cultural de la humanidad, que era el espíritu de este beneficio al principio.

            También queremos que el núcleo familiar no tenga nada que ver con la seguridad social. El hombre trabaja toda una vida, aporta toda una vida, enriquece a patrones y a una cantidad de gente. Entonces, lo menos que se le puede pedir al Estado es que tenga consideración con él. No tiene nada que ver lo que gana mi hijo, mi hermano o mi esposa con lo que yo aporté. Es así que reclamamos que el elemento “núcleo familar” sea borrado de la seguridad social. 

            Además, reclamamos la derogación del Decreto Nº 254/2005. El año pasado, en una actitud de falta de respeto a los viejos trabajadores de este país, a los más pobres, a los que ganaban menos, se les otorgó una canasta de fin de año de $ 350. ¿Qué pueden comprar con $ 350? ¿Saben una cosa, señores Senadores? Había que hacer declaración jurada para poder cobrar esa canasta. Yo pregunto: cuando se aumentan los sueldos  de los Legisladores, de los Ministros, del señor Presidente de la República, de los trabajadores activos, ¿tienen que hacer declaración jurada? Pero resulta que al pobre viejo le dan un mendrugo y tiene que hacer una declaración jurada. Esa es una falta de respeto que nosotros no estamos dispuestos a admitir y hasta que no se corrija vamos a seguir reclamando, con toda nuestra fuerza, que no se nos falte el respeto.

            En cuanto al tema de la salud, vemos que hay algunos, que se dicen representantes de los jubilados, que reclaman “Fonasa para todos”. Nosotros se lo regalamos el Fonasa; no lo queremos. Nosotros seguimos prendidos a los viejos reclamos de la clase trabajadora: un sistema único, estatal y gratuito de salud. ¿De qué me sirve el recibo, del cual pago una parte, si cuando tengo que ir a la mutualista no tengo plata para los copagos, es decir, para abonar los medicamentos, hacerme un estudio o ver un médico? Esto es lo que pasa con 55.000 jubilados a los cuales nosotros, solidariamente, les pagamos el recibo. Tienen el recibo en la mesa de luz, como un artículo de lujo que no pueden usar. Podemos dar algunos ejemplos de esto. Tenemos el caso de una compañera que es socia de La Española; aclaro que somos nosotros los que se la pagamos porque es muy pobre y gana una jubilación miserable. Hizo un coma diabético y la levantaron en la calle, la medicaron y la mandaron para la casa con medicamentos. Ahora bien, la señora no tiene plata para pagarlos y le dijeron que no importaba porque los abonaba con el recibo. Nosotros lo que pagamos solidariamente es el recibo pero no los medicamentos, que se nos descuentan de nuestra jubilación. Magurno todos los meses levanta la plata de esa señora así como de otros miles que son afiliados a La Española, pero la señora no se puede atender porque tiene esa deuda en la farmacia de esa sociedad médica. Otro ejemplo es el de César, este querido compañero que tengo a mi lado, y de Felisa, su mujer, los dos con más de ochenta años de edad. ¿Saben a qué hora tienen que ir al Hospital Maciel a hacer cola? A las tres de la mañana. Hacen la cola para ver si consiguen un médico para dentro de quince o veinte días. ¡Ni que hablar de que no hay medicamentos ni máquinas para realizar los estudios! Este es el sistema de salud que tenemos los uruguayos y ahora hay gente que nos quiere poner en el FONASA. Nosotros seguimos reclamando un sistema único, estatal y gratuito de salud. Esa es la única forma de atender ese derecho humano fundamental.

            En otras Legislaturas logramos conquistas, una de las cuales fue la Ley Nº 17.550, en la época en que el Gobierno de Jorge Batlle quiso que cobráramos nuestras pasividades en cajeros automáticos. ¿Cobrar jubilaciones miserables en cajeros automáticos que valían miles de dólares y que había que aprender a manejar, a la edad que tenía cada uno de nosotros? Algunos sí ahora dan con la tecla pero, en aquellos años, una mujer intentó catorce veces utilizar el cajero automático y no pudo. ¿Y saben por qué no podemos manejar un cajero automático? Porque a nosotros nos pagaba el sueldo un hombre o una mujer de carne y hueso. No estamos acostumbrados a las tecnologías y tampoco somos culpables de no conocerlas. Es así que derrotamos aquella imposición de los cajeros automáticos y logramos que se aprobara la Ley       Nº 17.550, que establece la doble opción para que el jubilado cobre su jubilación donde quiera: si la quiere cobrar en el Abitab de la esquina de su casa, que la cobre; si la quiere cobrar en el Banco República, que la cobre; pero si la quiere cobrar en el Banco de Previsión Social, que también pueda hacerlo. Sin embargo, desde el año 2002 esta ley se ha venido violando sistemáticamente y hoy se viola más groseramente. En Montevideo hay solamente tres lugares donde se pueden cobrar las jubilaciones dentro del BPS: el Cerro, la Unión y la sede central. El jubilado de Colón, el de Malvín y el de otros barrios no tiene dependencias del BPS para cobrar, y el viejo, por razones biológicas, de seguridad y porque no quiere andar regalado por ahí, no sale de su barrio, no va al Centro, al Cerro o a la Unión a cobrar. Se estaban pagando jubilaciones a través del BPS en un club de Playa Pascual y el señor Ernesto Murro, de la noche a la mañana, cerró esa posibilidad y mandó a la gente a cobrar al Abitab, pero en esa zona no hay comercios de este tipo, por lo que tienen que ir a Libertad o a la Barra de Santa Lucía. Por lo tanto, reclamamos el derecho a la doble opción. Cuando una persona cobra su primer mes de jubilación le preguntan dónde quiere cobrar y si el jubilado responde que quiere cobrar en el BPS, le contestan que no es posible, que tiene que hacerlo en el Abitab o en el Banco. Queremos que se respete la Ley Nº 17.550 que este Parlamento votó y que logramos con nuestra lucha, con mucha lucha, con ejemplar lucha.

            Hay que tener en cuenta que los ajustes jubilatorios se realizan cada año. Estamos esperando un año para tener un ajuste jubilatorio, por lo que antes del cuarto o del quinto mes ya estoy corriendo la libre. ¿Cómo me van a hacer esperar un año para recuperar, en parte, lo que perdí durante los ocho o nueve meses que estoy corriendo la libre? Reclamamos ajustes cuatrimestrales de jubilación y que tengan consideración con nosotros. Para muchos es hoy o nunca. Entonces, repito, reclamamos ajustes cuatrimestrales.

            Hay otro tema que es vergonzoso, que me da vergüenza y que, cuando en algún evento internacional lo cuento, la gente no lo puede creer. El 99,99% de los jubilados y pensionistas, debido a las miserables pasividades que recibimos, estamos metidos en préstamos, ya sea del Banco de Previsión Social, del Banco República o de las mal llamadas cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué es lo que pasa con estos préstamos? El Estado y las empresas privadas  lucran con la miseria de los pobres viejos, que no sacan un préstamo para ir a pasear a Río de Janeiro o a Cancún, sino para tapar agujeros, para pagar alimentos que ya comieron, para atender una enfermedad o para ayudar a un hijo. Entonces, nos ponen tasas de intereses altísimas, de más del 30%, cuando lo único que tendrían que cobrar sería los gastos de administración, teniendo en cuenta -reitero- que el viejo no saca préstamos para pasear ni para comprar artículos de lujo. No contentos con eso, hace poco tiempo se incorporó el IVA a los préstamos. Realmente, no se puede medrar con la miseria de la gente; no se puede cometer la atrocidad de hacer que uno se vea obligado a achicar su jubilación mes a mes porque no le da para vivir, cuando resulta que el que le presta la plata cobra intereses fabulosos y arriba le pone el IVA.

Tal como lo hemos hecho en muchas oportunidades ante estas Comisiones parlamentarias -tal vez esto moleste e, incluso, no le guste a alguno de los señores Legisladores- les pedimos que analicen su conciencia para ver si tenemos o no razón.

            El 1º de marzo del año 2005, el doctor Tabaré Vázquez, en las escalinatas del Palacio Legislativo, mirando hacia la Avenida Libertador, dijo que en el Uruguay había llegado el momento en que ser viejo iba a ser una condena. Sin embargo, sigue siéndolo y aún más dolorosamente, porque se ponen en juego los sueños e ilusiones que, para muchos, se fueron al diablo.

            A través de la Ley Nº 18.617 de 23 de octubre de 2009 se creó el Instituto Nacional del Adulto Mayor, y estamos reclamando un lugar. Al final de mi exposición verán porqué lo hacemos. Las organizaciones sociales pueden tener hasta tres representantes en ese Instituto. El Banco de Previsión Social es accionista de la AFAP República. Pues continuamos con el viejo reclamo de la derogación de las AFAP. La seguridad social es un derecho del hombre y, como derecho humano que es, no se debería lucrar con él. Hace pocos días, en esto que es casi una serial, recibimos un ataque de uno de los Directores del Banco de Previsión Social, el señor Ariel Ferrari, que nos trató de carcamanes y dijo que el movimiento sindical luchaba para que salieran de las AFAP los que no estaban obligados. Pensamos que eso es un subterfugio para que las AFAP se queden y perduren por los siglos de los siglos. Y la vida nos dio la razón, porque el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en estas últimas horas sostiene que las AFAP van a quedar. El señor Ferrari señaló que no se renunciaba a derogarlas pero que, por ahora, esa era la situación. Una vez más, la vida nos dio la razón.

            Ahora bien, entre la AFAP República y el Banco de Previsión Social hay un tema a tener en cuenta. El BPS es accionista de la AFAP República. Tenemos información financiera de lo que le tocaba al Banco de Previsión Social hasta el año 2004; una parte de las ganancias de la AFAP República ascendía a $ 84:000.000, ganancia de los trabajadores que podrían haber tenido ellos y no esta AFAP ni ninguna otra. Justamente, hoy nos enterábamos de todos los porcentajes que las AFAP han ganado en estos últimos años; hay información hasta el 2004 y después ya no sabemos nada. Creemos que tenemos el derecho de saber cuánto hay ahora y dónde está ese dinero.

            Desde el año 1987 a la fecha hemos aportado más de US$ 500:000.000 para la construcción de viviendas destinadas a los jubilados más pobres. Se construyeron 5.000 viviendas, pero hace seis o siete años que no se construye ni una sola vivienda nueva. Los complejos habitacionales de los jubilados están llenos de intrusos e, incluso, en Belvedere hay hasta militares retirados. En otra Legislatura logramos que se aprobara una ley que permitiera el alquiler de las viviendas para jubilados. Se hizo durante un período preelectoral en que se alquilaron unas pocas, pero hay haciendo cola 9.000 jubilados que, muchas veces, mueren antes de habitar la vivienda. Entonces, estamos reclamando un plan de vivienda en base a lo que hemos aportado. Se podrían haber construido 50.000 viviendas. Sabemos que algunas se iban a construir ahora, con un costo de US$ 52.000 cada una. Preguntamos: ¿cuántas viviendas se pueden alquilar por ese monto, por muchos meses y para cuántas personas?

            En cuanto a las jubilaciones por enfermedad, debemos decir que resultan muy difíciles, algo cuasi imposible para muchos. La gente va al BPS a solicitar la jubilación y se encuentra con que el patrón ladrón se quedó con sus aportes y, por lo tanto, no tiene años para jubilarse. Inclusive, se aprobó una ley para favorecer a ese patrón ladrón en lugar de llevarlo preso. El Parlamento se metió en un tema que correspondía al Poder Judicial -debería haber intervenido este último- y levantó la figura delictiva de apropiación indebida al patrón ladrón que se queda con los aportes del trabajador y le dio hasta setenta y dos meses para pagar. Cuando el patrón quiere conseguir un certificado de importación o exportación, paga, pero cuando le dan ese certificado, deja de pagar y vuelve a hacer la calesita. De esta forma, la gente no se puede jubilar.

            Además, para lograr una jubilación por enfermedad hay que estar medio muerto. Se necesita un 66% más de baremo para poder jubilarse, y para alcanzar ese porcentaje hay que estar, como dije, medio muerto. Nosotros reclamamos que el baremo se lleve por lo menos al 50% para que los que están enfermos se puedan jubilar.

            Por otro lado, en el BPS hay una máquina de demoler testigos. Se pide testigos ‑en algunos casos se llegó a pedir hasta treinta- a la gente que no encuentra la documentación de cuando trabajaba, por ejemplo, en una fábrica que ahora está cerrada.  Le piden a un hombre de mi edad o de la de mis compañeros que se acuerde de detalles que de repente no tienen nada que ver con la historia laboral de la persona por la cual viene a testificar. Voy a citar un caso verídico. Se preguntó, por ejemplo: “¿En qué máquina, partiendo de la derecha, trabajaba la persona por la cual usted vino a testificar?” Las personas en cuestión habían trabajado juntas veintiséis años atrás y, por razones biológicas, la gente no recuerda esos detalles. Entonces, reitero, esto es una burla, una máquina de demoler testigos para no jubilar a la gente.

            Para finalizar, les quiero expresar a los miembros de la Comisión que tenemos un triste récord en la Coordinadora de Jubilados. Quienes nos conocen, saben que antes ya hablábamos de esta forma y que luchamos contra todos los Gobiernos habidos y por haber para mejorar la calidad de vida, a efectos de que exista justicia social en este país.  No podríamos mirar a nuestros hijos ni a nuestros nietos a los ojos si hoy no le reclamáramos a este Gobierno lo mismo que les pedimos a los anteriores. ¿Saben qué nos pasa por ser coherentes? ¿Saben qué nos pasa por no renunciar a nuestros reclamos y viejos sueños de tener una vejez digna y tranquila? Nos atacan. No conozco organización social en este país que haya sido tan atacada como la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. 

            El anterior Ministro de Trabajo y Seguridad Social, mi ex amigo doctor Jorge Bruni, un día nos dijo que nosotros no éramos interlocutores válidos porque habíamos perdido las elecciones para tener representantes en el BPS. ¡Eso es una aberración democrática! Hablan con el Partido Colorado, con el Partido Nacional y con el Partido Independiente -que perdieron las elecciones- y hacen lo propio con la Unión Cívica, que quedó por el camino, y eso no está mal, sino muy bien en el marco de la democracia. Entonces, ¿por qué no quieren hablar con nosotros? ¿No tenemos derechos? ¿No somos iguales a los demás?

            Inclusive, se ha atentado contra nuestra sede. Algunos Partidos Políticos han dado la orden a sus militantes para que se fueran de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas aduciendo que estaba contra el Gobierno. Nosotros decimos que estamos contra la injusticia; si el Gobierno la comete, es problema de él y no nuestro. A todos los Gobiernos que cometieron injusticias les hemos reclamado, y eso lo hemos denunciado. En lo personal, recibí hasta amenazas de muerte. Las denuncias están radicadas en la Jefatura de Policía. En la mañana de hoy llamé al Inspector Mendoza y debo volver a comunicarme con él a las 17 horas. Esto ocurrió a mediados del año pasado y ahora volvieron las amenazas. Se me dice que me quede tranquilo que no va a pasar más nada, pero las llamadas provienen del mismo celular. Se ve que el Inspector Mendoza conocía a quien me amenazaba, por lo que le pregunté lo siguiente: “Si yo lo amenazo de muerte, ¿usted qué hace?” Me respondió: “Lo pongo preso” “Entonces, ¿por qué no mete preso a quien me amenazó?” En los últimos tiempos volvieron a amenazarme. Incluso, hace poco falleció un hermano mío muy querido y me enviaron mensajes de texto haciéndome burlas sobre esa muerte. Hacen algo tan miserable y bajo que, en realidad, esas personas son un asco para la especie humana.

Los señores Ernesto Murro y Ariel Ferrari no nos pueden ni ver. Ferrari nos atacó días pasados. Ustedes habrán visto en la televisión en el día de ayer que se firmó un convenio con el SEMM. Nosotros tenemos un convenio desde 1994, pero ningún gobernante fue jamás a promocionarlo. Esto ocurre porque se nos quiere ahogar económicamente, pero como el SEMM nos da una pequeña comisión por cada afiliado, eso nos permite seguir manteniendo nuestras puertas abiertas. Como no se nos pudo ahogar vaciando nuestra Coordinadora y como no se nos pudo liquidar con amenazas, hoy buscan asfixiarnos económicamente.

La última prueba de la persecución la da el hecho de que cuando la gente va al Hospital de Ojos -un regalo para los uruguayos del pueblo hermano de Cuba y su Gobierno- se le dice que vaya a apuntarse a la Unajpu. Esto lo denunciamos ante el Ministro de Salud Pública hace tres semanas pero hasta ayer, cuando la gente iba al Hospital de Ojos, se le decía que tenía que ir a la Unajpu. ¿Por qué? ¿Por qué la Unajpu dice amén a todo lo que manifiesta el Gobierno? Creemos que eso está muy mal y reclamamos nuestros derechos. Entendemos que no se les debe decir ni que tienen que ir a la Unajpu ni a la Coordinadora de Jubilados y reclamamos nuestro derecho a que no se nos discrimine. No estamos dispuestos a soportar eso y lo vamos a seguir diciendo a los cuatro vientos por más amenazas y ataques que se hagan contra nuestra organización.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les pedimos que sean breves porque ya están presentes las otras delegaciones que nos visitan.

SEÑOR TRÁPANI.- Soy jubilado municipal y quisiera relatar un hecho que ocurrió con mi señora, aunque creo que debe de haber muchos casos más. Mi señora tenía cobertura médica por el convenio que hay entre la Intendencia y el Casmu, y cuando le salió la jubilación la borraron del seguro de salud municipal. Como tenía una jubilación pequeña, el Banco de Previsión Social se hizo cargo de la cuota mutual. Sin embargo, ahí no termina el tema. El Banco de Previsión Social le pagaba la cuota y, además, dos tiques mensuales para medicamentos, pero eso no le servía porque tomaba siete remedios por día. O sea que la pasaron para el Banco de Previsión Social como si fuera un beneficio, pero fue un perjuicio muy grande. Me pregunto y les pregunto a los señores Senadores cuántos casos hay como este. Pienso que ese es un tema que se debe resolver.

SEÑOR PRESIDENTE.- El ejemplo sirve. Les agradecemos por su presencia, luego la Comisión analizará el tema y verá cuáles serán las acciones a llevar adelante.

(Se retira de Sala la delegación de la Coordinadora de Jubilados

y Pensionistas del Uruguay)